La reciente expedición del Decreto 0175 por parte del Gobierno colombiano ha generado preocupación en el sector de las apuestas online al establecer un impuesto al valor agregado (IVA) sobre los montos depositados por los usuarios. Este cambio busca canalizar recursos para la atención de la situación en el Catatumbo, pero ha suscitado múltiples críticas y advertencias de las empresas operadoras.
La fórmula del gravamen, que divide el monto depositado por 1,19, podría llevar a que los apostadores se desplacen hacia plataformas ilegales, afectando gravemente a las empresas que operan de manera formal. Estas empresas han señalado que, con la carga tributaria impuesta, solo podrían acceder al 29% de sus ingresos, lo que plantea una amenaza a su viabilidad financiera y, por ende, al recaudo que el Gobierno espera obtener.
Fecoljuegos, el gremio que representa a las empresas del sector, ha manifestado su preocupación por los plazos establecidos para la implementación del decreto, considerando que cinco días hábiles son insuficientes para realizar los ajustes necesarios en los sistemas de cobro y facturación. Evert Montero, presidente del gremio, ha señalado que la falta de un periodo de transición adecuado podría llevar a la parálisis de las operaciones, ya que la certificación de los cambios tecnológicos es un proceso que puede ser largo y complicado, dado que en Colombia existen solo cinco laboratorios acreditados que pueden llevar a cabo dicha certificación.
La situación es crítica, ya que, sin los ajustes necesarios y las certificaciones a tiempo, las empresas podrían enfrentar bloqueos operativos, lo que impactaría negativamente en su desempeño comercial y, por ende, en el recaudo que realiza el Estado. En menos de una década, las apuestas online han llegado a representar el 23,2% de las contribuciones totales de la industria de apuestas, lo que subraya la importancia de este sector para la economía.
En resumen, el Decreto 0175 podría tener consecuencias significativas para la industria de las apuestas online en Colombia, no solo afectando la viabilidad de las empresas operadoras, sino también el recaudo fiscal que el Gobierno espera obtener de este sector. La falta de tiempo para implementar los cambios necesarios y la posibilidad de que los apostadores se desplacen a plataformas ilegales son riesgos que podrían desestabilizar un mercado que ha demostrado ser un importante generador de ingresos para el sistema de salud en el país. Desde 2017, ha transferido, por concepto de los derechos de explotación, $1,1 billones para el sistema de salud, que hace años adolece de una diagnosticada insuficiencia financiera.